La Guerra Cristera
En 1924, Plutarco Elías Calles, siendo Presidente, complicó más las relaciones entre el gobierno y los católicos, pues pensaba que un católico no podía ser un buen ciudadano, ya que su primera lealtad era con Roma. Calles proponía un nacionalismo nuevo, en el cual los ciudadanos no deberían lealtad a nadie más que al propio Estado.
El 21 de febrero de 1925, Calles intentó crear una iglesia nacional con el apoyo de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM), encabezada por el sacerdote renegado, Joaquín Pérez. Esto significó una división dentro del catolicismo, pues la ICAM proponía seguir la misma doctrina católica, pero sin relación alguna con el Papa, quedando como líder el mismo Pérez en calidad de patriarca. La iglesia nacional se apoderó del templo de la Soledad para poder establecerse, pero fallaron en el intento, pues la parroquia fue recuperada el día 23 por el pueblo, hecho que ocasionó que un gran número de católicos se movilizaran para defender las iglesias.
En marzo, varios grupos de católicos se juntaron para formar la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, dirigida por Manuel Palomar y Vizcarra. Ellos pretendían conseguir la libertad religiosa por medios constitucionales. Este grupo rápidamente se extendió en el país; sin embargo, se declaró ilegal, por lo que pasaron a la clandestinidad. También se formó un Comité Episcopal, a fin de tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno.
El 4 de febrero de 1926, el periodista Ignacio Monroy, de el periódico El Universal, publicó las declaraciones hechas por el arzobispo de México, José Mora y del Río, en rechazo al anticlericalismo de la Constitución, lo que provocó la detención del arzobispo. Mientras tanto en Roma, el Papa aconsejaba a los católicos a que se abstuvieran de participar en la política.
Calles tomó esta publicación como una ofensa y un reto al gobierno, así que ordenó al Congreso reglamentar el artículo 130, mejor conocido como la Ley de Calles. En este artículo demandaba la clausura de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros. También se limitaba el número de sacerdotes a uno por cada seis mil habitantes, además de tener que registrarse ante las autoridades municipales, quienes otorgarían su respectiva licencia para ejercer. El artículo incluía también delitos relativos a la enseñanza, haciendo desaparecer la libertad de enseñanza y el derecho de educar a las personas en la fe.
Por su parte, los obispos consideraron que no existían garantías para ejercer su ministerio y emitieron un comunicado avalado por Roma, donde se anunciaba que se había decidido suspender los cultos desde el 1 de Agosto, día que entró en vigor la Ley de Calles. Pero el pueblo mexicano, que era muy católico, se congregó en las iglesias un día antes para celebrar muchos bautizos, matrimonios, etc.
Después se clausuraron numerosos templos, como capillas particulares, conventos y escuelas religiosas en todo el país. Como consecuencia, las casas se convirtieron en oratorios, y el Papa autorizó una liturgia breve para la misa, permitiendo a los sacerdotes celebrar en cualquier lugar y aún sin vestimenta.
El objetivo del gobierno no era cerrar las iglesias, sino únicamente que fueran inventariados y custodiados por las juntas de vecinos. Pero los obispos estuvieron en contra y ordenaron que cualquiera que participara para colaborar sería excomulgado.
Además, se presentó ante el Congreso una demanda de reforma constitucional firmada por dos millones de católicos, pero fue rechazada. Por lo que la Liga animó a las personas a no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos ofrecidos por el gobierno, no comprar lotería, no utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina, etc. Todo con el fin de presionar al gobierno a que quitara la Ley de Calles; pero lo único que se logró fue una gran repercusión en la vida económica del país.
Por su parte los católicos, al ver que por los medios pacíficos no se podía obtener la destitución de la Ley de Calles, en enero de 1927 empezó la toma de armas y las primeras guerrillas, compuestas por campesinos. Pero esto fue creciendo, y con el grito de ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!, fueron conocidos con el nombre de Los Cristeros.
Se multiplicaron los alzamientos: primero en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, luego en casi todo el centro del país. La gente estaba tan decidida, que fueron a preguntarle al Comité Episcopal si era lícito la toma de armas en defensa de sus derechos, a lo que contestaron que sí, por cómo estaban las circunstancias. Y así fue como se extendió la lucha por todo el país, pero ninguno de los bandos llegó a tener la victoria, ya que se dice que las plazas tomadas por unos eran rescatadas por los otros.
Los principales generales del ejército federal en esta guerra fueron Eulogio Ortiz, Espiridión Rodríguez, Saturnino Cedillo (principal movilizador de los agraristas y cacique de San Luis Potosí), Lázaro Cárdenas, Miguel y Máximo Ávila Camacho y Genovevo de la O. A estos dos últimos correspondió la organización militar de Aguascalientes y sus alrededores.
Por parte de los Cristeros, sobresalieron hombres como Pedro Quintanar y Aurelio Acevedo, en el norte de Jalisco y sur poniente de Zacatecas; José Velasco en el municipio de Calvillo, en Aguascalientes; Carlos Diez de Sollano, en el Norte de Guanajuato; Luis Navarro Origel y Jesús Degollado Guízar, en Michoacán y sur de Jalisco, respectivamente, y Victoriano Ramírez en El Catorce, en Los Altos.
Más tarde, en 1928, hubo elecciones presidenciales resultando reelecto Álvaro Obregón quien se dice ya pensaba en llegar a un acuerdo para finalizar la guerra; sin embargo fue asesinado por José León Toral. Así, los arreglos para obtener la paz se perdieron durante un año, y se nombró presidente interino a Emilio Portes Gil.
Luego llegó a México el embajador estadounidense Morrow, que sirvió como intercesor entre el gobierno mexicano y la Iglesia para terminar el conflicto. El embajador se entrevistó con los desterrados monseñores Ruiz Flores y Pascual Díaz; nuevamente exponían la petición de la iglesia frente a la Constitución.
De esta forma, Portes Gil declaró que los cultos podrían reiniciarse en el momento en que los sacerdotes así lo dispusieran, siempre y cuando se sujetaran a la ley vigente, que en realidad siempre fue la postura del gobierno. Ruiz Flores no estaba de acuerdo con aquella negociación, pero ante la insistencia de Morrow, cedió. Así que éste tomó las posturas de las partes y redactó finalmente los términos en que se lograrían los arreglos, llamados modus vivendi, que eran: amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse, que se devolvieran las casas curales y episcopales y, que de alguna manera se garantizara la estabilidad de estas devoluciones.
Pero la Liga y los cristeros se indignaron porque no se les tomó en cuenta para la realización de dichos términos, por lo que los obispos fueron considerados traidores. De 50 mil combatientes, sólo 14 mil entregaron sus armas. Luego, firmaron los acuerdos que acababan con la guerra, todos, excepto los cristeros, a los que nunca les llegó, porque varios militares, a manera de venganza personal, mataron a muchos de los amnistiados y otros tantos cristeros fueron perseguidos y torturados.
Posteriormente, Pascual Díaz fue nombrado arzobispo de México, despertando el descontento de los cristeros y la Liga, ya que habían sido obligados a retirarse de su lucha. Por su parte, Díaz prohibió toda crítica o comentario sobre los arreglos y amenazó con la excomunión a quienes siguieran en armas.
Tiempo después, en la capital del país el presidente Portes Gil, en un banquete ofrecido por los masones, anunció su triunfo y el sometimiento de la Iglesia católica a la ley, sin que la Constitución sufriera alguna modificación.
Como consecuencia, surgieron varios levantamientos en el interior del país. A uno de ellos se le llamó La Segunda porque se pensaba que sería igual de fuerte que la primera guerra de cristeros, pero en esta ocasión el enemigo de esa movilización fue la misma Iglesia, a la que consideraron traidora. Sin embargo, no duraron mucho y fueron sofocados rápidamente.
Durante mucho tiempo la Iglesia y el Estado mantuvieron un profundo silencio con respecto al conflicto; algunas personas señalan que fue porque querían exculparse de su responsabilidad ante las muertes que causaron. En los años siguientes, los boletines parroquiales realizaron severas críticas respecto a la educación que impartía el Estado a través de las escuelas oficiales, al grado de que muchos curas amenazaron con excolmulgar a quienes mandaran a sus hijos a estudiar en escuelas del gobierno; mientras que a los padres de familias católicas se les amenazaba con la prisión si mandaban a sus hijos a escuelas parroquiales.
Fue hasta 1988 cuando el presidente Carlos Salinas reanudó las relaciones diplomáticas con el Vaticano, pretendiendo dejar atrás las diferencias. Además se realizó una reforma al artículo 130 de la Constitución, y se le otorgó personalidad jurídica a la Iglesia, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones Iglesia-Estado.
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